La ilegalización de la Izquierda Abertsale, fruto de la acción conjunta del Gobierno, de la Oposición y del poder judicial, personificado por el juez Garzón, nuestro juez estrella, después de haber detenido a todos sus dirigentes, será acogida sin duda con satisfacción e incluso con entusiasmo por amplios sectores de nuestro pueblo. Sin duda ha servido a dar votos al PSOE,  y evitar así una victoria del PPque hubiese llevado al gobierno de nuestro país a los sectores mas extremistas de la derecha española; por lo tanto, más que me duela ver encarcelados a políticos que siempre he respetado y la injusticia de ver privados del derecho al voto a decenas de miles de vascos, tendré tal vez que darlo por bueno.

Pero no me gusta. Meter en la cárcel a los terroristas, que colocan bombas o pegan tiros en la nuca, me parece bien y lo aplaudo.  También comprendo y reconozco la necesidad de condenar a quienes de una forma u otra ayudan a los terroristas a cometer sus atentados. Pero proceder a la ilegalización de partidos como el ANV y el PCTV, que nunca se han pronunciado a favor de la violencia, sino todo lo contrario, siempre han estado a favor de la solución pacífica y negociada del problema vasco, habrá sido, tal vez, electoralmente conveniente, pero cuesta trabajo aceptarlo.

Muchos de los dirigentes condenados y encarcelados llevan años tratando de convencer a los extremistas dentro de ETA de la ineficacia, además de la inmoralidad del terrorismo como forma de lucha política. La  mayoría de ellos se han esforzado por mantener abierto el camino de la paz y de la negociación., y se han ganado el apoyo de un importante sector ¿No hubiera sido más  eficaz e inteligente, apoyar su trabajo político, que no meterles en la cárcel indiscriminadamente junto a los verdaderos terroristas.

 El trabajo que han estado haciendo, y tal vez sigan haciendo, no es fácil. Solo pueden hacerlo manteniendo un clima de compañerismo, con sutileza, paciencia y perseverancia; en ningún caso rompiendo los puentes. En esas condiciones exigirles condenas formales de ETA y de sus atentados, con el riesgo de ser acusados de traición, como lo son los dirigentes de Aralar,  y poner esa condena como condición para cualquier trato con ellos, no es el mejor camino para conseguir lo que debería ser nuestro primer objetivo, el aislamiento político de la ETA, primer paso hacia su desaparición..